CON PRECAUCIÓN

Justicia y no venganza

Sergio Mejía Cano 

Bueno, pues de entrada ya lo confirmó el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo en Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez González, que no le van a poder hacer nada al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, más que inhabilitarlo por diez años para que pueda ejercer algún otro cargo de elección popular o cualquiera otro cargo público, y tan, tan.

Y esto de acuerdo a una reforma legislativa que se dice, aprobó la anterior legislatura que estaba enfocada precisamente para proteger al saliente gobernador de Nayarit; y he aquí el meollo del asunto, porque si bien se dijo desde un principio que no se buscaba venganza sino justicia, esto es precisamente lo que está esperando la mayor parte de la población nayarita, sobre todo los que se dicen salieron afectados en una u otra forma por la pasada administración. Así que la actual legislatura debería sopesar que esta parte de la población ya tiene su veredicto al respecto y que en realidad si ya no se puede hacer justicia por lo mismo, al menos sí que se aclare el porqué tanta supuesta riqueza de la noche a la mañana en un ente aparentemente político en tan poco tiempo.

En realidad es poco probable que el exgobernador en comento esté deseoso de volver a ocupar un cargo en la función pública, y menos porque no se podría afirmar con exactitud que haya sido o sea un político en toda la extensión de la palabra; así que por ahí podría empezar una investigación a fondo de cómo es que apareció este garbanzo de a libra que en aproximadamente diez años, alguien que no figuraba en la política de pronto se convierte en regidor, luego en diputado local, posteriormente en presidente municipal y culminar su meteórica carrera como gobernador. Porque se dice que rebasó a cuadros políticos que estaban esperando su turno de acuerdo al escalafón invisible en el que todos los militantes priistas hacen fila y méritos para ir escalando puesto sobre puesto y si bien les va, alcanzar un estatus alto en la política no nada más local, sino a nivel nacional. Así que ¿cómo y por qué se les subió el señor Sandoval Castañeda a políticos viejos que esperaban turno para ocupar los cargos que llegó a ocupar este novel en la política?

Ahora bien, esta susodicha reforma que ampara al exgobernante nayarita y que se dice fue aprobada en la anterior legislatura, ¿en qué y por cuáles circunstancias fue aprobada, siendo que ya sonaba mucho ruido respecto a algo turbio en esa administración? Así que habría que empezar a investigar a los diputados que la aprobaron y llamarlos para que expliquen por qué la aprobaron siendo que claramente estaba protegiendo de un verdadero juicio político en caso de encontrar serias y graves anomalías en el actuar tanto del mismo gobernador como de parte o todo su Gabinete y demás funcionarios públicos también hoy señalados.

Y si en verdad lo que se busca es justicia y no venganza, el actual Congreso Estatal en su conjunto, deberían proponer una controversia constitucional precisamente en esta reforma que protege al exgobernador, porque en un verdadero Estado de Derecho, no se puede hacer una reforma de ley que proteja la impunidad; así que tampoco se explica la docilidad con la que el actual presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, el señor Domínguez González, está aceptando esta resolución a todas luces anómala, y si a esto le aunamos que los tiempos se están alargando según lo señalan y documentan personas que se dicen afectadas, entonces podría ser el preámbulo de un show mediático o una función teatral que se aproveche para llamar la atención cuando se requiera distraerla de otras cosas; una obra montada en donde no se llegará a nada en mucho tiempo o tal y como si fuese una comedia más en este mundo cada día más extraño en donde la impunidad está a la orden del día.

Claro que vuelve a estar presente la frase de que quien acusa tiene la obligación de probar, y desde luego que esto corresponde a los que se dicen afectados y obviamente que deben de tener pruebas de lo que acusan, sobre todo quienes se dicen haber sido despojados de predios o pertenencias; sin embargo, gran parte de la ciudadanía alega como prueba el enriquecimiento ilícito que han documentado algunos medios no nada más locales, sino hasta de circulación nacional, en donde si bien queda la duda de que sea cierto dicho enriquecimiento, se supone que dichas publicaciones deben de tener algún sustento para en caso de alguna demanda por difamación. Se dice que querer es poder, ¿o no?

Sea pues. Vale.