CUESTIÓN

Regularizar el transporte público…

Marco Vinicio Jaime

La XXXII Legislatura local atrajo los últimos días el coyuntural tema del transporte público, a efecto de, en su esfera de competencias, emprender su regularización cabal y establecer el marco legal correspondiente.

Según se dio a conocer, la comisión legislativa recibió las inquietudes y propuestas del Consejo Estatal de Transportistas, a la vez que el diagnóstico de las propias autoridades de Tránsito Estatal, en pro de la mejor construcción de acuerdos.

Así, se llega a un punto que se anunció desde finales del año anterior, luego del proceso mediante el cual se consensó la tarifa del servicio que se presta a la población: dar orden integral al sector.

Sin duda la meta no será nada fácil, dados los antecedentes que han caracterizado la evolución del transporte público, lo mismo que de las dimensiones urbanísticas y las demandas mismas de la ciudadanía.

No obstante, por ahora se puede observar una gran ventaja: la conjunción de criterios y voluntades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, que ha propiciado a su vez poco a poco, un entorno favorable para la participación productiva de las partes involucradas, tomando como base y fin ulterior el beneficio de la población; esto, de acuerdo con la postura que asimismo también se hizo patente por parte de transportistas agremiados a la Federación de Trabajadores de México en la Entidad (CTM).

Por tanto, “los legisladores integrantes de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte manifestaron su compromiso de continuar estos trabajos e indicaron que darán seguimiento a cada una de las demandas pendientes”.

El diputado Presidente de esta comisión, Heriberto Castañeda Ulloa, expresó que tienen “contemplado modificar la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en el tema de servicio público; vamos a generar el Instituto de Movilidad, es parte de los proyectos y lo que sea necesario, estaremos trabajando en el transporte en sus diferentes modalidades”.

De conformidad, regular el transporte público requerirá entonces del enriquecimiento continuo de tal sincronía, a la par de la coparticipación abierta, ordenada y responsable de la sociedad. Objetivo que, desde la labor de los diputados pueda venir acompañado de una fluida comunicación que permita a los ciudadanos mantenerse debidamente informados de cada etapa y avance de este singular proceso.

Este pues, resulta ser un detonante favorable en el desenvolvimiento político-gubernamental, a fin de proseguir resolviendo en un marco de coordinación y respeto institucional entre poderes y órdenes de gobierno, los grandes males vigentes, legados indiscutiblemente en su mayoría, vale decir, por un pasado oscuro de uso del poder que es considerado por no pocas voces, como el peor de los últimos años, y desarticular su blindaje exigirá en consonancia transversalidad, oficio político, comunicación y legalidad, y aún más el saneamiento consecuente vía la consumación del propugnado “nuevo tiempo para Nayarit”, que no permite mayor demora ya, ni obstáculo alguno que confine lamentablemente solo a la administración de los problemas.

¿Se logrará pues la meta con el menor de los daños colaterales posibles? Adelante.