CUESTIÓN

El combate a la corrupción por ley...

Por:Marco Vinicio Jaime

Nayarit es ya una Entidad más que se suma a la legislación recién aprobada en el Congreso de la Unión enfocada al combate a la corrupción, luego del impulso del Sistema Nacional Anticorrupción.

La XXXI Legislatura local aprobó los últimos días la Ley del Sistema Local Anticorrupción, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Con lo anterior, según se dio a conocer, se busca dar respuesta a un fuerte reclamo ciudadano de contar con claros mecanismos que garanticen transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos desde la gobernanza y cualquier ejercicio de representación de intereses colectivos.

Por ello, los diputados nayaritas asumieron un reto nada sencillo en la tarea de luchar contra todo un entramado de viejos y arraigados vicios que han pervivido a lo largo de muchos años dotándosele de camuflajes legaloides hasta que por los resultados mismos, deplorables en la calidad de vida de las mayorías, no pueden ocultarse más, y por consecuencia el hartazgo generalizado va en ascenso.

Así, es evidente que las leyes solo funcionarán en la medida del compromiso y la voluntad política que emanan irreductiblemente del propio oficio político y la preparación de parte de la autoridad en vías de su irrestricto cumplimiento, al margen de la clásica simulación de ser juez y parte o de blindar la impunidad: borrón y cuenta nueva, o de exclusivo instrumento punitivo para frenar a detractores e insubordinaciones.

Cuando el principio, que es la esencia, el espíritu de la ley, es claro, la ley no hace otra cosa que hacerlo válido en circunstancias precisas, particulares, es decir, el mandato de manejar el recurso público con escrupulosa responsabilidad, implica a todos los ámbitos, desde lo más mínimo, hasta lo mucho. De ahí que desde el inicio mismo de la Constitución General de la República, y en particular hoy se puede apreciar en el Artículo 134, se particularice qué se debe evitar y cómo, al igual que las sanciones correspondientes de hacer caso omiso, y textualmente reza pues así: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

Derivado pues inclusive, del espíritu de la Carta Magna, es que surgió la máxima juarista de que “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad alguna, no pueden improvisar fortunas, no pueden entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente a su trabajo, disponiéndose a vivir de la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”. No obstante, la confección de mayores leyes y de consecuentes sistemas anticorrupción, y más aún, en un marco de crecientes reclamos populares frente a las severas carencias, crisis, miseria, desempleo, deficiencia de servicios públicos, de salud, educación, etc, a contracorriente de la bonanza de la clase (a)política y su consecuente dispendio que la protege de todo vaivén financiero, demuestra que se ha hecho lamentablemente todo lo contrario.

De conformidad, hoy los congresistas locales se enfrentan pues a la imperiosa necesidad de dejar en claro que su trabajo no quedará en vano o “letra muerta”, garantizando con hechos de probada eficacia que se está lejos de seguir el camino de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, de dar vigencia a un sistema ad hoc, parcial, de jueces y parte al mismo tiempo en las instituciones, que hoy, cabe decir, en esas entidades ya se conoce la verdadera historia, oscura por cuanto se buscaba pues blindar la impunidad de gobernantes y funcionarios salientes.

Los tiempos que corren no son para menos, toda vez que el Presidente de la República comprometió en su reciente pacto por el fortalecimiento de la economía y la protección de la economía familiar, en su cuarto eje, precisamente el “fortalecimiento de la cultura de la legalidad y del estado de derecho, en un marco de austeridad en el ejercicio del servicio público”, y en cada administración, más todavía de filiación correligionaria, su apuesta no es menor. La convulsión mundial, y su derivado impacto en economías emergentes como México, exige de una transformación integral, del trabajo transversal, del esfuerzo unísono por la legalidad, la justicia, la verdad y los valores de veras; de lo contrario, la simulación, la permisividad o la postergación de tales cambios, generará mayores problemas de efectos imprevisibles; el mal se esparce por doquier: la corrupción no solo degenera en malos gobiernos que niegan lo que esconden en maltrechos monólogos de “todo está muy bien en unidad”, sino en desesperanza, derrumbe moral y tragedias psico-sociales, como el terrible suceso acaecido recientemente en una institución educativa en Monterrey.

Por tanto, la XXXI Legislatura local ha dado el primer paso, y ha sentado las bases para avanzar. ¿Se podrá consumar el cometido acorde a lo que espera ya el pueblo? Habrá que estar atentos.