CUESTIÓN

El “contrato de financiamiento” al Gobierno…

Marco Vinicio Jaime
La XXXII Legislatura local, aprobó los últimos días al Poder Ejecutivo, la “contratación de financiamiento (o deuda)” por un monto de 950 millones de pesos que, según la justificación consensuada entre ambos poderes, facilitará la cobertura de múltiples necesidades en materia de obra pública como carreteras y vialidades urbanas, campo, salud y educación en diferentes municipios de la Entidad. Esto, obviamente, se afirmó, en apego a lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y en un marco de rendición de informes trimestrales en función de los avances y el recurso aplicado. 

De igual manera, también se hizo lo propio para el Ayuntamiento de Tepic, por un total de 180 millones de pesos. 

Tal decisión se generó indiscutiblemente en circunstancias nada sencillas en virtud de las marcadas carencias ciudadanas y la consecuente exigencia de resultados, que a un año de gobierno de alternancia -Estado y municipios empezando por Tepic-, justo es decirlo, este parece no haber alcanzado aún a estar a la altura de las expectativas mayoritarias, y en no pocos casos la decepción se ha hecho presente; de ahí el lógico intercruce de opiniones, unas a favor y otras muchas en contra, partiendo de una evidente desconfianza -y con justa razón ante los desaguisados del pasado reciente- a la adquisición de empréstitos que constituyan mayor carga a la de por sí paupérrima economía nayarita, sin que haya de por medio mecanismos de rendición de cuentas “de veras”, que no sea la clásica prestidigitación financiera que “esconde” las anomalías bajo la alfombra. A ello se le suman factores que, cabe destacar, han agravado la problemática, tales como el fracaso en la instrumentación de líneas de acción transversales, que desde un inicio hubieran demostrado razonablemente el estratégico contraste entre una administración caracterizada por un total analfabetismo político, comunicacional, de legalidad y justicia, a un verdadero ejercicio cimentado en la suma, ya no más en el sectarismo ni el apolítico usufructo egoísta de parte de una camarilla de egocentristas afines al poder, quienes en cambio – en su burbuja de excesos, frivolidades y derroches- las limitantes, la austeridad o de plano la farisaica negación de beneficios en el clásico: “no se puede, no hay dinero, o déjame ver de qué humor anda el jefe”, solo es para el pueblo, el de a pie, al que sin escrúpulo alguno se encargan de lacerar “pues no es de su círculo”, y aún con todo, hablar todavía de nuevos tiempos y de cambio.

De conformidad, la Diputación local presidida por el Diputado panista Leopoldo Domínguez González, se erige entonces en ente protagonista de una trama en la que tendrá por reto titánico enriquecer de inicio, sus canales de comunicación -política y social- a efecto de hacer asequible a los nayaritas, razones de peso (por cuanto sean garantes de hechos probos de eficacia y transparencia, de apertura, con oficio político que está muy por encima de la simulación), a fin de lograr que lo pactado se traduzca realmente en lo que están esperando los nayaritas, y más; y para ello, los particulares informes trimestrales de los que habló la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, deberán comportar más que los tradicionales compendios de datos ininteligibles y hasta artificiosamente elaborados para proyectar realidades inexistentes o verdades a medias, sino más bien, la practicidad de la verdad y de lo que es claramente tangible a todos, que es lo que podrá ir modificando a su vez el concepto popular de lo que hoy lamentablemente se posee del ejercicio político y gubernamental.

De igual manera la aprobación del “acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo Estatal la ampliación presupuestal para la Auditoría Superior del Estado, con el fin de contratar personal que realice las auditorías ordinarias, especiales, la resolución de más de 3 mil expedientes, la implementación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas y contar con un laboratorio para el análisis de materiales dentro de las auditorías de obra pública, que dé mayor certeza y calidad al trabajo técnico del personal”, tendrá su razón de ser a partir de tal viabilidad que garantice legalidad, transparencia y justicia.

La política es comunicación, que parte pues de verdades palpables en un singular intercambio racional que conlleva al esfuerzo inteligente y mancomunado sociedad-gobierno, del saber dar para recibir sin menoscabo de nadie, sin mezquindad ni pichicaterías, marrullerías o regateos. ¿Superará por tanto el Congreso local su reto, siendo artífice estratégico en el entendimiento pleno de su tiempo y circunstancias? Esperemos.