Un pacto por la legalidad, el mejor blindaje electoral
En una nueva realidad política, el cumplimiento irrestricto de la ley se vuelve elemento imprescindible para visualizar el camino en el cual transitar eficazmente de cara a un incierto futuro.
De cierto, hoy no caben los artilugios ni cuanto más prestidigitación partidaria o de práctica gubernamental que, en la antigua normalidad, caracterizaron en gran manera la lucha por la consecución, ejercicio y conservación del poder -con todo y que había un costo significativo-, cuando en los días actuales el escrutinio popular y su aguda visión trastocada por la cruenta hecatombe sanitaria, no permiten mayor sinónimo de funcionalidad y responsabilidad que la prédica del ejemplo desde la autoridad a partir de su estricta observancia de los preceptos constitucionales, de la institucionalidad y de coadyuvancia a la vigencia del Estado de Derecho, con lo cual a su vez, poder percibir sin interferencia alguna la prioridad ciudadana y responder con precisión a sus crecientes demandas.
Por consiguiente, el actual proceso electoral que tendrá desenlace con la jornada comiciaria del primer domingo de junio del próximo 2021, constituye sin duda valiosa oportunidad de tránsito a la nueva normalidad de parte de poderes y órdenes de gobierno, para refrendar su compromiso precisamente con la ley, y en consecuencia con el derecho indiscutible de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes: que su decisión se garantice sin coacción, manipulación o mayor injerencia de niveles de gobernanza, que no sea para “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Los blindajes electorales tradicionales
Desde siempre en cada proceso electoral se volvió tradición el establecimiento de singulares blindajes para evitar -cuando menos en teoría- que las precampañas y campañas constitucionales se convirtieran en escenario grotesco de inyección de cuantiosos recursos presupuestales de dudosa procedencia o justificación, y de uso de artimañas diversas para apoderarse de la voluntad popular, secuestrarla en favor de quien lograba demostrar mejor audacia para evadir los filtros legales sin ser detectado y obtener la victoria por encima de todos los demás gladiadores.
De conformidad, de poco servía al final, establecer tales pactos, cuando ningún actor ya fuera protagonista directo como contendiente, o indirecto desde el poder, poseía la voluntad genuina de dar vigor a los principios también preconizados por el árbitro electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, toda vez que las denuncias, inconformidades, división y pugnas fueron la mayor de las veces las que se exponían como saldo preponderante de la elección. Así, todo ello parece haber llegado en términos de factibilidad a su propia fecha de caducidad, y, ¿qué sigue entonces?
El pacto por la legalidad en una nueva realidad
Cuando todo cambió, pues la expectativa ciudadana tocante a la manera de ejercer política y de gobernar, sufrió una drástica transformación, y la renovación se vuelve factor ineludible, no queda más camino que regresar al origen, a la esencia que se plasma en la Constitución, para reconstruir con un andamiaje completamente diferente que permita asimismo replantear causa y razón de ser desde el epicentro de la necesidad colectiva, es decir, ya no más desde la verticalidad y el inflexible unilateralismo cupular, sino que la ley deja de ser un ideal y referente utópico para convertirse en una realidad cotidiana de impacto general.
Tras lo anterior, es preciso señalar que lo pactos tradicionales por la imparcialidad o blindajes electorales, no eran más que una prueba de lo mucho que hacía falta para avanzar a la adquisición de voluntad política y dar vigor al mandato legal de no enturbiar el proceso correspondiente, de modo que hoy llegó el momento de establecer un pacto especial por la legalidad, de lo que ya está escrito en la Carta Magna, sin más coacción que velar por el derecho inalienable de los ciudadanos a vivir en paz, orden, seguridad y justicia.
La Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN), en su sesión virtual semanal de análisis y opinión, expuso el viernes 18 de septiembre su visión consensada sobre el desenvolvimiento político-partidario que tiene lugar durante el actual proceso, y la necesidad de que se dejara en claro a la par de lo propio por parte de las autoridades, el papel histórico que posee cada cual con el desarrollo ejemplar de una contienda y posterior elección en función de haber fincado cada paso conforme a lo expuesto en las leyes y normatividad respectiva, blindando ante todo la decisión que emane de la soberanía popular.

El columnista Sergio Mejía Cano, hizo hincapié en la necesidad de suscribir un acuerdo de parte del gobierno en sus diferentes niveles y fuerzas políticas, y el árbitro electoral, el cual se finque principalmente en oficio y voluntad políticos para dar valía revitalizada a la ley, y consecuentemente proyectar confianza en su desempeño, ya que no sería favorable en lo absoluto que fueran las mismas autoridades o integrantes de éstas, las que “intentaran inclinar ‘la balanza’ hacia perfiles de su preferencia, sentando un mal precedente para el imprescindible avance en el fortalecimiento democrático”.



Respeto a la ley: “entendimiento pleno de tiempo y circunstancias”
Está claro: hoy el rescate de la credibilidad ciudadana se encuentra indefectiblemente en la demostración evidente y genuina por dar renovado impulso a la aplicación de la ley, en todos los aspectos; ceñirse en este caso con estratégica visión a las reglas del juego electoral, y obtener resultados completamente legales y transparentes, que es en esa medida en la que podrán 1).-obtener verdadero diagnóstico del peso de cada actor en el espectro político, qué ha funcionado y qué no. 2).- consumar su tránsito a la nueva normalidad, sea cual sea el resultado, y edificar con base en verdadera fuerza liderazgo y capacidad para entender, atender y solucionar las demandas y carencias del pueblo, que no son pocas, y cuyo desafío se nutre en primer término, de la aún ausencia de herramientas para descifrarlas y responder con beneficios de largo alcance y duraderos para todos.
Como nunca antes cobra relevancia pues la conocida máxima del periodista y sociólogo español José Ortega y Gasset: “El hombre es su tiempo y sus circunstancias”. ¿Cuáles después de todo logrará dar forma el sistema político y de gobernanza desde el plano nacional y en lo local, para asegurarse su propia pervivencia? Veamos con atención.
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